El Gobierno nacional enfrenta una avalancha de reclamos judiciales y políticos por la decisión de promulgar pero no aplicar tres leyes clave: la de financiamiento universitario, la emergencia pediátrica y la emergencia en discapacidad.
El conflicto escaló luego de que el presidente Javier Milei firmara los decretos 759, 760 y 681 de 2025, que postergan la entrada en vigencia de esas normas “hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento”.
La medida fue rechazada por universidades públicas, profesionales del Hospital Garrahan y organizaciones de personas con discapacidad, que preparan acciones de amparo y denuncian una grave violación institucional.
Desde el Congreso, varios bloques opositores advirtieron que no votarán el Presupuesto 2026 si el Ejecutivo no garantiza los fondos previstos en las leyes aprobadas.
Universidades en pie de reclamo
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a un plenario extraordinario en la Facultad de Derecho de la UBA para definir una presentación judicial conjunta.
El presidente del organismo, Oscar Alpa, confirmó que las universidades analizarán acciones legales y la falta de presupuesto para 2026.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría, dispone la actualización automática del presupuesto según inflación y una recomposición salarial para docentes y no docentes.
Sin embargo, su aplicación fue suspendida por decisión del Ejecutivo.
El constitucionalista Pedro Caminos señaló que el Presidente “no tiene facultades para suspender una ley vigente” y que el Congreso podría aplicar una moción de censura contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, si no se revierte la medida.
El Garrahan y el área de discapacidad se suman a los amparos
En el Hospital Garrahan, el personal de salud realizó un paro de 24 horas en rechazo a la suspensión de la Ley de Emergencia Pediátrica (27.796), que debía reforzar recursos para neonatología, oncología infantil y cirugía cardíaca.
“La ley está promulgada, pero el Gobierno le da la espalda al hospital”, expresó la nutricionista Norma Lezama, quien alertó que ya se perdieron más de 300 profesionales por falta de presupuesto.
El constitucionalista Mariano Bar calificó la situación como “idéntica a la de discapacidad” y sostuvo que “no tiene sustento constitucional” que el Ejecutivo condicione la aplicación de una ley.
Por su parte, Andrés Gil Domínguez y Diego Armesto coincidieron en que los decretos son nulos e inconstitucionales, y advirtieron que podrían derivar en denuncias penales por abuso de autoridad o incluso en un juicio político contra el Presidente.
Denuncias, citaciones y amenaza de censura
En el Congreso, la diputada Cecilia Moreau y el socialista Esteban Paulón exigieron la aplicación inmediata de las tres leyes y presentaron denuncias por incumplimiento de deberes contra Milei, Francos, Mario Lugones y Sandra Pettovello.
Mientras tanto, la moción de censura contra el jefe de Gabinete avanza en el Senado, y podría obligarlo a dejar su cargo por pérdida de confianza legislativa.