El Tribunal de Impugnaciones en lo Penal de San Luis confirmó la formulación de cargos contra un grupo de personas investigadas por maniobras que habrían causado un perjuicio millonario al Estado provincial. Los imputados están acusados de defraudación mediante el uso de tarjetas, retención indebida y fraude contra la administración pública.
El caso se originó tras una transferencia por error de tipeo de más de $500 millones desde una cuenta oficial del gobierno a una cuenta privada. Según la Fiscalía, el dinero fue rápidamente distribuido entre otros involucrados para obstaculizar su recuperación.
Durante la audiencia, la jueza rechazó la prisión preventiva pero impuso medidas cautelares: prohibición de salir de la provincia, firma quincenal y una fianza de $5 millones por cada imputado. Sin embargo, tras una apelación, el Tribunal levantó la caución, considerando que ya no existía el mismo riesgo procesal.
La defensa argumentó que no hubo engaño y que las operaciones se realizaron con tarjetas propias, destacando además el arraigo y la falta de antecedentes de los acusados.
La causa sigue en investigación, con pericias pendientes y rastreo de fondos no recuperados.
“El trauma psicológico y moral es muy grande”: Verónica Costa sobre la transferencia millonaria