El próximo jueves, a las 9.30, se dará inicio al juicio oral por la Causa Cuadernos, que tiene como principal acusada a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a otros 86 imputados, entre exfuncionarios, choferes y empresarios.
El proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, quienes analizarán la presunta asociación ilícita que habría funcionado entre 2003 y 2015 para la recaudación de sobornos a cambio de contratos de obra pública.
Las audiencias se realizarán cada jueves de 9.30 a 13.30, de forma virtual a través de la plataforma Zoom, y algunas serán transmitidas en vivo por YouTube desde la cuenta oficial del Poder Judicial de la Nación.
Una causa emblemática de presunta corrupción
El expediente —también conocido como “la Camarita”— surgió a partir de los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno, quien registró con detalle entregas de dinero a exfuncionarios del Ministerio de Planificación.
La investigación fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli y elevada a juicio tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia a más de veinte recursos presentados por Cristina Kirchner, Julio De Vido y varios empresarios.
Según la acusación, la expresidenta será juzgada como jefa de la asociación ilícita y coautora del delito de cohecho pasivo, mientras que otros exfuncionarios y empresarios enfrentarán cargos por pagos de sobornos en sectores de energía, transporte y construcción.
Los “arrepentidos” y el rol de los empresarios
El tribunal incorporó los legajos de 25 imputados colaboradores cuyas confesiones serán consideradas pruebas clave. Entre ellos figuran Oscar Centeno, Carlos Wagner, Juan Chediack, Ángel Calcaterra, Héctor Sánchez Caballero, Claudio Uberti, José López, Ernesto Clarens y Enrique Pescarmona, entre otros.
Además, un grupo de empresarios busca alcanzar un acuerdo económico con la Unidad de Información Financiera (UIF) para ofrecer una “reparación integral del daño” estimada en 40 millones de dólares, a cambio de evitar el juicio oral.
La fiscal general Fabiana León, encargada de la acusación, calificó el expediente como “la investigación por corrupción más extensa en la historia judicial argentina”, comparable solo con pocos casos internacionales.