Con 40 votos a favor y la abstención del radicalismo, la Cámara de Diputados de San Luis aprobó la reforma electoral que introduce la Boleta Única de Papel (BUP) y elimina la Ley de Lemas. Esta modificación, impulsada por el Ejecutivo Provincial, busca garantizar elecciones más claras y confiables para los sanluiseños.
Un cambio consensuado, pero con abstenciones inesperadas
El proyecto fue elaborado por una comisión especial integrada por oficialistas y opositores. Tras meses de debate, se alcanzó un dictamen unánime que incluyó aportes de actores políticos y sociales. Sin embargo, la abstención de los legisladores radicales, aliados al gobierno, generó desconcierto. Argumentaron su rechazo por la eliminación de las PASO, aunque podrían haber votado en general y expresado su disidencia en aspectos específicos.
“Estamos viviendo un momento único en la historia de San Luis. Este proceso participativo y amplio marca un antes y un después en nuestro sistema electoral”, destacó la diputada Eugenia Gallardo, una de las principales defensoras del proyecto.
¿Por qué es clave la Boleta Única de Papel?
La BUP simplifica la elección: todos los candidatos estarán en una sola hoja, divididos por agrupación política y cargos. Esto evita los problemas recurrentes de las boletas partidarias tradicionales, como el robo, desorden o faltante en el cuarto oscuro.
“Es un paso hacia la transparencia, la institucionalidad y la economía”, subrayó Gallardo. La eliminación de la Ley de Lemas también fortalece la legitimidad del proceso, ya que asegura que se elija al candidato más votado sin sumar votos internos de listas secundarias.
Garantías de paridad de género y justicia electoral
La reforma mantiene la paridad de género en las listas hasta su oficialización, eliminando la norma que obligaba a los varones a encabezar las candidaturas en las próximas elecciones. Cada partido deberá alternar hombres y mujeres sin imponer un género específico en los primeros puestos.
Además, el Tribunal Electoral Provincial se encargará de la producción y distribución de las boletas, financiadas por el Ejecutivo. Esto garantiza que haya una boleta para cada elector registrado.
Ahora, el proyecto aguarda la promulgación del gobernador Claudio Poggi para entrar en vigencia en 2025.