El abogado Gonzalo Estrada, representante de una joven denunciante, solicitó el apartamiento de la fiscal Daniela Torres en una causa por abuso contra la integridad sexual, argumentando falta de objetividad e inactividad procesal. La denuncia, realizada hace un año, involucra a un abogado de Villa Mercedes acusado de abusar de la víctima cuando era menor de edad, pero hasta ahora la investigación no avanzó a la etapa probatoria ni se formularon cargos.
Entre las acusaciones más graves, Estrada denunció que Torres habría recibido una coima para beneficiar al acusado. También destacó que la fiscal mostró reticencia para habilitar la feria judicial, concedió recursos improcedentes y realizó aplazamientos que afectaron emocionalmente a la víctima.
El caso y los reclamos contra la fiscal
La denuncia inicial se radicó en noviembre de 2022. Según Estrada, los plazos procesales están vencidos y las demoras son injustificadas. En mayo pasado, durante una entrevista con la víctima en su despacho, Torres le advirtió que “tenga cuidado” porque podría recibir una denuncia en su contra, lo que fue interpretado como una amenaza directa.
En la causa, el acusado, identificado como J.P.G.R., fue señalado por proponerle a la víctima realizar “un trío” con otro abogado, además de cometer abusos reiterados cuando ella tenía 14 años. Estrada considera que la actitud de Torres refleja un intento de apartarse de la investigación sin cumplir con sus responsabilidades legales.
Antecedentes que agravan la situación
La fiscal Torres enfrenta otros cuestionamientos previos. En un caso, fue acusada de robo de dinero secuestrado durante un allanamiento, argumentando falsamente que los fondos estaban depositados en una cuenta que no existía. Estas irregularidades refuerzan la desconfianza de la denunciante y su representante legal.
Por otro lado, Estrada recordó un episodio en agosto pasado, cuando fue amenazado directamente por el acusado, quien le dijo: “Le voy a hacer a tu hija lo mismo que le hice a la otra pendeja pu…”. Según el abogado, esta amenaza demuestra la gravedad del caso y la vulnerabilidad de las víctimas frente a un sistema judicial que, en este caso, parece desprotegido y corrupto.