El Gobierno provincial impulsa un proyecto de ley que apunta a que las situaciones de acoso escolar, bullying y violencia en las escuelas se aborden desde su origen: los hogares. La iniciativa propone que padres, madres y tutores asuman responsabilidades concretas cuando sus hijos incurran en conductas agresivas o cuando no acompañen las intervenciones educativas.
El proyecto, respaldado por el gobernador Claudio Poggi, prevé sanciones que incluyen multas, arrestos, trabajos comunitarios y la obligatoriedad de participar en programas de capacitación.
La medida abarca casos de hostigamiento entre estudiantes y también agresiones dirigidas a docentes, directivos y personal escolar. Su objetivo es garantizar entornos educativos seguros, proteger la salud emocional de niñas, niños y adolescentes y fortalecer el trabajo conjunto entre escuelas, familias y Estado.
La discusión ya no se reduce a qué acciones toma la escuela, sino a qué grado de responsabilidad asumen los adultos fuera del aula ante situaciones de violencia o ciberacoso.
El proyecto incorpora modificaciones al Código Contravencional provincial —en los artículos 64, 64 bis y 64 ter— para ampliar sanciones y precisar responsabilidades.
En un contexto de más de mil denuncias anuales y reclamos diarios en la Subdirección de Bienestar Escolar, la comunidad educativa de San Luis enfrenta un escenario complejo, marcado por adolescentes que recurren a la violencia como forma de expresión emocional.
En respuesta, el Ministerio de Educación desarrolló “Guiarse”, la Guía Única e Integral de Abordaje Rápido para la Salud Escolar, un documento de 170 páginas que detalla protocolos para más de 72 situaciones conflictivas dentro y fuera del aula.
La guía contempla episodios de violencia, bullying, discriminación, abuso sexual, fallecimientos, autolesiones, consumo problemático, venta de sustancias ilegales, ausentismo, trata de personas, trabajo infantil, crisis en trastornos del espectro autista y episodios vinculados a condiciones médicas o psicológicas.
