La ex diputada Anabela Lucero y su pareja, el actual legislador provincial Joaquín Beltrán, fueron imputados por corrupción en una audiencia que se extendió por más de 10 horas. El juez Santiago Ortiz dispuso un embargo preventivo de $300 millones y una serie de medidas restrictivas, incluyendo la prohibición de salir de la provincia de San Luis y la entrega de sus pasaportes. Además, se les prohibió acercarse a menos de 200 metros del Molino Fénix, la Casa de la Música y el Museo Gatica.
La audiencia, que finalizó pasadas las 18:30 del viernes, también implicó a Enzo Lucero (hermano de Anabela), Exequiel Scarel (cuñado) y Diego Torres. Todos fueron acusados de peculado, hurto y administración fraudulenta en relación con el vaciamiento del Molino Fénix, un complejo cultural y administrativo de la provincia.
El fiscal José Olguín presentó pruebas fílmicas y documentales que respaldan los cargos, aunque no todas pudieron exhibirse debido a un pedido de la defensa. Entre los hechos denunciados, se destacan el uso irregular de bienes públicos, la sustracción de muebles y equipos, y el financiamiento de la campaña política de Lucero con fondos estatales.
Beltrán, quien habló durante la audiencia, defendió su gestión y negó las acusaciones de uso indebido de las instalaciones. Sin embargo, el fiscal demostró que la pareja vivió durante nueve meses en el complejo, utilizando servicios de limpieza, cocina y seguridad sin costo alguno. Además, se comprobó que se pagaron 5.900 litros de combustible con dinero público, valuados en más de $8 millones.
Los abogados defensores, Carlos Cobo y Gonzalo Estrada, criticaron duramente al juez Ortiz, acusándolo de falta de imparcialidad y de actuar bajo presiones políticas. Incluso se refirieron a la audiencia como un “tribunal de inquisición” y cuestionaron las medidas restrictivas impuestas.
El caso ahora pasará al Tribunal de Impugnaciones, donde los defensores buscarán revisar las medidas cautelares. Mientras tanto, los imputados deberán firmar un libro en la Fiscalía los primeros diez días de cada mes y abstenerse de salir del país sin autorización judicial.