Acindar suspendió su producción principal en Villa Constitución y cerca de 600 trabajadores fueron afectados. La información fue confirmada por Víctor Gómez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Villa Mercedes, en diálogo con VMI Radio 88.1.
Según explicó Gómez, la crisis se arrastra desde hace más de un año y medio, con la paralización de una de las acerías tras la asunción del nuevo gobierno, que llevó a una fuerte caída en la obra pública, principal destino del acero fabricado por la firma.
Ante este panorama, Acindar dejó de producir para transformarse en distribuidora, importando materia prima. Esta reconversión obligó a detener otro horno y una línea de laminación, dejando sin tareas a cientos de trabajadores.
En Villa Mercedes, en tanto, la situación es distinta: “Las cuatro plantas están activas, tres de ellas con dos turnos y una con tres. Esto nos permite mantener un nivel de actividad del 66% y no aplicar suspensiones por ahora”, explicó Gómez.
La UOM local implementó un plan de suspensión preventiva consensuado con los trabajadores, que garantiza el 83% del salario neto en caso de ser activado. Hasta el momento, no fue necesario utilizarlo, aunque la preocupación persiste: “Somos una isla en medio de una tormenta”, resumió el dirigente.
Respecto a las paritarias, Gómez confirmó que la negociación de la rama siderúrgica está estancada desde julio de 2024. El conflicto principal está con la Cámara Argentina del Acero, dominada por los grupos Techint (Siderca) y Acindar, bajo la fuerte influencia de Paolo Rocca.
Según el sindicalista, la negativa empresarial a seguir el Índice de Precios al Consumidor (IPC) generó una brecha que, aunque se redujo a 5 puntos, sigue impidiendo un acuerdo.
A su vez, las empresas comenzaron a adelantar unilateralmente sumas a cuenta de futuros aumentos, lo que oxigena el bolsillo de los trabajadores, pero debilita la capacidad de reclamo gremial y afecta los aportes sindicales y sociales.
Gómez denunció además que el Ministerio de Trabajo, hoy encabezado por Julio Cordero –ex abogado del Grupo Techint– no homologa los acuerdos que superan el 1% mensual, lo que frena la validez legal de lo ya negociado.
“El poder real está en estas empresas y su influencia en el Gobierno es evidente”, concluyó Gómez.